Comprendiendo el Derecho a la Defensa en el Sistema Procesal Penal Venezolano

El derecho a la defensa, entendido como la facultad que tiene todo ciudadano de contar con el tiempo y los medios adecuados para ejercer su tutela en todo proceso judicial, constituye una garantía de vital importancia entre las que conforman el Debido Proceso, siendo reconocido en diversos instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así como en la normativa interna de los países latinoamericanos.

En el marco del Sistema Acusatorio venezolano, la defensa es una garantía inviolable que se atribuye a toda persona sometida a proceso penal sin discriminaciones ni limitaciones, la cual tiene vigencia desde el mismo momento que se inicia la investigación hasta el total cumplimiento de la condena. 

De esta forma, en la República Bolivariana de Venezuela, en su Carta Constitucional (2001), se sanciona como uno de los derechos civiles fundamentales, el derecho a la defensa y dentro del mismo, a la asistencia jurídica como una de las garantías dirigidas a facilitar su consagración. Siendo la actuación de la defensa penal, en el Código Orgánico Procesal Penal (2009) (COPP), una serie de derechos y garantías que pueden ser invocados por la defensa técnica para garantizarle a la persona sometida a proceso penal, su derecho a un debido proceso.