El proceso penal tiene como fin único buscar el bien general de la sociedad a través de la valoración de las normativas y principios legales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. Como fundamento y bases de este, surgen los actos procesales que vienen a reflejar la relación entre los actores jurídicos, los cuales están investidos por una serie de derechos y deberes que ponen de manifiesto las garantías procesales.
La prerrogativa que el Estado venezolano tiene en hacer valer tales derechos y deberes se ve reflejada en las necesidades mismas de quienes son participes de un procedimiento penal. Tal es el caso del imputado, que se encuentra representado a través de su defensor, quien a su vez es el responsable de hacer accionar cualquier diligencia que ponga de manifiesto la inocencia de su representado.
Lo que para ello, deberá intervenir en cada una de las fases del procedimiento penal y más aún en la fase de investigación, llevada a cabo por el Ministerio Público y demás órganos estatales competentes.
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